El Tribunal Supremo ha decidido que es el banco y no el cliente el que debe abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en la firma de una hipoteca, corrigiendo así su doctrina anterior.

En una sentencia fechada el pasado 16 de octubre, el alto tribunal establece que es la entidad prestamista, y no quien recibe el préstamo, el que tiene interés en inscribir la operación y elevarla a escritura pública.

De este modo, la sala tercera del Tribunal Supremo modifica su jurisprudencia anterior e interpreta el texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y concluye que no es el prestatario el sujeto pasivo de este impuesto, sino la entidad que presta el dinero.

El fallo responde al recurso presentado por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid contra una sentencia de Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid de junio de 2017, y anula un artículo del reglamento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Y es que considera que la expresión “cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario” es contraria a la ley.

El “negocio inscribible”, aclara la sentencia, es la hipoteca, y el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de aquellos negocios es el prestamista, que solo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca.

El fallo ha contado con el voto particular del magistrado Dimitry Berberoff, que era partidario de mantener la jurisprudencia anterior, que establecía que era el cliente y no el banco el que debía hacer frente al impuesto.

En febrero de este año, el Supremo dictaminó que quien debía hacer frente al impuesto de actos jurídicos documentados era el cliente y no las entidades con las que se suscribe el préstamo; por unanimidad, el pleno de la sala de lo Civil descartó entonces abuso en la aplicación sobre el prestatario del gravamen.

La sentencia ha contado también con un voto concurrente -acepta el fallo pero discrepa en algún punto de la argumentación- del magistrado Nicolás Maurandi.

Aunque comparte el dictamen, Maurandi cree que el citado impuesto engloba no uno sino dos tributos: el gravamen sobre documentos notariales y el gravamen sobre actos jurídicos documentados notarialmente.

Al tratarse de dos tributos diferentes, explica Maurandi, son también distintos los elementos que hay que tener en cuenta para determinar quién es el sujeto pasivo y debe hacerle frente.

Fuente: Expansión.

 

Puede descargarse la Sentencia 15505/2018, de 16 de octubre, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, relativa a la obligación de pagar los gastos de hipoteca por parte de los bancos, aquí.

 

La noticia de esta sentencia ha generado dudas de todo tipo con relación al procedimiento y plazos para la reclamación los plazos de reclamación. Con relación a esto habría que recalcar en primer lugar que pueden reclamar el pago del impuesto (Actos Jurídicos Documentados por constitución de hipoteca) todos aquellos prestatarios que en su día pidieran la financiación para una actividad no profesional. Lo suyo sería interponer primero una reclamación extrajudicial a la entidad, y si la misma hace caso omiso o no muestra conformidad con la restitución del impuesto, tendrá que reclamarse por vía judicial civil mediante el ejercicio de una acción que es imprescriptible, si bien, dada la disparidad de criterios de los Juzgados, es recomendable que el préstamo hipotecario esté en vigor, o que no hayan transcurrido más de cuatro años desde su cancelación.

Aunque en muchos medios de comunicación se diga que existe un plazo de cuatro años para reclamar, lo cierto es que este plazo es si se opta por reclamar directamente a la Administración en la cual se liquidó el impuesto, mediante recurso por ingresos indebidos para que devuelva lo pagado, ya que el prestatario no era sujeto pasivo sino la entidad. El problema de esto es que la Administración inmediatamente le requerirá el ingreso al banco, y éste a su vez al prestatario, ya que si bien el mismo no es sujeto pasivo sí que firmó con la entidad una escritura de préstamo hipotecario según la cual aquél se haría cargo del préstamo del impuesto. Por eso sin duda a día de hoy la mejor opción es reclamar el impuesto a la entidad financiera prestamista por vía civil.

Cabe recordar que actualmente, además del impuesto se pueden reclamar otros gastos en los cuales el prestatario haya incurrido para la constitución de su préstamo hipotecario, y que correspondían a la entidad de crédito. Así, también se pueden reclamar los gastos de Notaría, Registro de la Propiedad, gestoría y tasación del inmueble.

Además de los gastos referidos, también a día de hoy es posible reclamar la comisión de apertura (gran parte de las Audiencias Provinciales del territorio nacional así lo avalan), gasto que al igual que el impuesto puede llegar a ser significativo en determinados casos, y que sumado a los anteriores hacen que plantear una reclamación de gastos al prestamista suponga la recuperación de cantidades de dinero respetables por el consumidor.

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